«Ya no corre prisa, ¿no? Dicen que lo han retrasado a 2028.» Es la frase que más hemos escuchado en las últimas semanas. La respuesta corta: lo que se ha anunciado es una intención, no una norma. Y mientras no haya norma publicada, la fecha que te aplica sigue siendo la del BOE.
La confusión es razonable, porque en este expediente ha habido tres calendarios distintos en dos años. Vamos a separar lo que es derecho vigente de lo que es una nota de prensa.
Las dos fechas que sí están publicadas
El Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, fijó el calendario que hoy está en vigor:
- 1 de enero de 2027 para contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades.
- 1 de julio de 2027 para el resto: autónomos en IRPF con actividad económica, comunidades de bienes, herencias yacentes y no residentes con establecimiento permanente.
A eso se llega por la conocida como «regla de los 4 NO» de la AEAT: te afecta si no facturas solo a mano, no estás en el SII, no tienes tu domicilio fiscal en País Vasco o Navarra (donde aplica TicketBAI o Hacienda Foral) y no tienes una resolución de no aplicabilidad. Es decir: si emites facturas con un programa, entras.
Y hay una fecha que ya pasó y casi nadie mira: desde el 29 de julio de 2025 los fabricantes y comercializadores de software deben ofrecer versiones adaptadas al reglamento. Si tu proveedor aún no te la ha dado, el problema no es el plazo de tu empresa: es que tu proveedor no está cumpliendo el suyo.
Qué hay realmente detrás del anuncio de octubre
El 5 de octubre de 2026, el Ministerio de Hacienda comunicó su intención de aplazar las obligaciones pendientes hasta octubre de 2028, para hacerlas coincidir con la facturación electrónica obligatoria entre empresas que facturen hasta 8 millones de euros.
Es una decisión con lógica operativa: no tiene mucho sentido pedir a una pyme que cambie dos veces de sistema en menos de un año. Pero conviene entender qué es y qué no es:
- No es una disposición publicada. Mientras no aparezca en el BOE, no altera ni una coma de las fechas de 2027.
- No suspende obligaciones. Un anuncio del ministerio no te exime de nada; la AEAT no sanciona ni deja de sancionar por notas de prensa.
- Puede cambiar el escenario, no la planificación. Si el aplazamiento se aprueba, tendrás margen. Si no, tendrás semanas.
La forma sensata de tratarlo es la de cualquier riesgo regulatorio: se planifica con la fecha vigente y se usa el escenario favorable como colchón, nunca como excusa para no empezar.
El riesgo que no aparece en el BOE
Cuando se habla de Veri*factu, todo el mundo piensa en la multa. El artículo 201 bis de la Ley General Tributaria prevé hasta 50.000 euros por ejercicio por tener un programa no conforme, 150.000 euros para quien lo fabrica o comercializa y 1.000 euros por cada sistema sin la certificación o declaración responsable exigible. Son cifras disuasorias, pero el daño real suele ser otro:
- La migración de diciembre. Cambiar de programa con el año cerrado, el histórico a medias y las integraciones apuntando al sistema viejo es la forma más cara de cumplir.
- La cadena no se reconstruye hacia atrás. El encadenamiento empieza el día que empiezas. Las facturas anteriores no se pueden «verificar» retroactivamente con una huella que no existía.
- El proveedor desaparece. Hemos visto programas descatalogados en los que la única salida era exportar a Excel y empezar de cero. Eso, con 30.000 facturas al año, no se hace en una tarde.
Cinco comprobaciones antes de fiarte de tu programa
- Declaración responsable del fabricante, firmada y con fecha. No vale un correo comercial ni una página web que diga «compatible».
- Registro por factura con huella y encadenamiento con el registro anterior. Que el PDF lleve un QR no demuestra nada por sí solo.
- Exportación íntegra en el formato exigido, sin posibilidad de editar el registro generado.
- Anulaciones y rectificaciones también encadenadas, con su registro de eventos.
- Cambio de modo controlado: si el sistema permite operar sin envío a la AEAT, debe hacerlo con registros firmados, no desactivando el control que exige la norma.
Si tu «programa» es una hoja de cálculo, no hay nada que comprobar: una hoja no es un sistema informático de facturación y no puede generar registros encadenados. Es el caso más frecuente entre autónomos y pequeñas asesorías.
Qué haría una empresa esta semana
Con la fecha de sociedades a menos de dos meses, el orden importa más que la prisa:
- Preguntar al proveedor por escrito qué versión cumple y en qué fecha estará disponible, con plan de migración incluido.
- Probar esa versión en un entorno de pruebas con facturas reales, incluidas rectificativas y operaciones con varios tipos de IVA.
- Decidir quién responde si el 2 de enero algo no cuadra: no puede ser «el informático» sin nombre.
- Si el proveedor no da fecha, abrir alternativa ahora. Un cambio de software a tiempo es un proyecto; a finales de diciembre es una emergencia.
Tenemos una demo abierta para comprobar cómo se calcula la huella, cómo se encadena cada registro y qué se exporta exactamente, sin instalar nada: ver cómo funciona Veri*factu.
La norma puede moverse a 2028. Tu sistema de facturación, si no cumple, no se mueve solo.